Un supermercado desabastecido en la década de los 80. // Foto: La Prensa.
“Un revolucionario sólo tendría que distorsionar el mecanismo de precios para provocar una crisis económica”
Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía 1970
El sandinismo siempre que ha estado en el poder ha hecho inconmensurablemente más daño que bien. En junio de 1979 las fuerzas opositoras al somocismo acordaron un programa en Puntarenas, Costa Rica, en el cual decidieron conformar la junta de gobierno de reconstrucción nacional y las directrices estratégicas del proceso revolucionario tras la toma del poder, a saber: i. Pluralismo político; ii. Economía mixta; y iii. No alineamiento en política exterior. A la postre, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se impuso en el escenario político y ninguna de las directrices mencionadas, particularmente la de economía mixta, se cumplió. La economía con el gobierno revolucionario fue encarrilada a una estatización con fuertes controles al comercio interior y exterior, el sistema financiero fue nacionalizado y se implementaron políticas de planificación central como copia al carbón del bloque comunista (Cuba, Alemania oriental, Unión Soviética). Mientras la Economía Moderna ya postulaba las oportunidades hacia la prosperidad a partir de la libertad económica, la embriaguez ideológica del sandinismo llevó al país por el “camino de servidumbre” en palabras del economista austriaco Friedrich Von Hayek, Premio Nobel de Economía 1974.
En los años 80 (la llamada «década perdida» para América Latina), Nicaragua ensayó su variante de economía dirigida o de planeación central con cierto margen de acción a la empresa privada. La visión de partido hegemónico y el alineamiento en política exterior al bloque comunista derivaron en relaciones conflictivas con Estados Unidos de América y la imposición top-down de políticas autoritarias engendraron indefectiblemente la guerra civil que encontraría en los estratos medios y el campesinado las bases sociales de la resistencia guerrillera conocida como la Contrarrevolución (tras la masacre de la navidad roja, se sumó gente indígena de la comunidad miskitu a la Contra). El embargo comercial y financiero decretado por EE.UU, en un contexto de geopolítica global definido por la guerra fría y sistemas económicos en contienda, fue una determinante del desabastecimiento en los mercados nicaragüenses de insumos y bienes, lo que causó el racionamiento y las extensas colas para el acceso a productos básicos. Como unos son más iguales que otros en un régimen colectivista, el pueblo llano hizo filas por sus paquetes AFA (arroz, frijoles y azúcar) en un ambiente de suma escasez, mientras la nomenclatura verde olivo gozó de los mejores bienes de consumo y de lujo, exquisiteces que eran objeto de ataque en sus discursos contra la “odiosa clase burguesa.”
Nicaragüenses haciendo fila para acceder a productos básicos en los años 80. // Foto: tomada de internet.
La antieconomía del sandinismo puso al país en los primeros lugares de las estadísticas económicas y financieras negativas de la región con un gabinete económico experto en empeorar las cosas. En 1989 la deuda pública externa era un 940.0% más que el producto interno bruto en US$ de ese año. Productivamente, el país sufrió un retraso ≥ 15 años. La expansión del aparato estatal aumentó el número de empleos en el sector público, lo que dio como resultado supernumerario de burocracia, militares y agentes de la seguridad del Estado; lo cual, en términos marginales, generó excedente de trabajo ficticio que no es otra cosa que trabajo improductivo. Las finanzas públicas se tornaron insostenibles al cargar el presupuesto de egresos con un aparato estatal ineficiente y un clima desfavorable a la reactivación del sistema económico mediante las fuerzas del mercado dada la orientación política estatista y paternalista.
De 1984 a 1989 la economía del país centroamericano entró en una devastadora fase de estanflación (estancamiento + inflación) con 6 periodos consecutivos de tasas negativas de crecimiento económico, registrándose en 1988 la caída más profunda del producto total con –12.4%. El decrecimiento económico se volvió crónico, la informalidad laboral se disparó y el empleo del sector privado se contrajo. En 1977 la renta media per cápita había alcanzado los US$753; en contraste, para 1989 el mismo indicador había descendido 3 veces registrando apenas US$252 por habitante. La inflación anual para 1988 ascendió a 33,548.0%. ¡Una locura total! La espiral hiperinflacionaria era incontenible con emisión de dinero inorgánico (impresión de billetes sin respaldo en la producción). Era como apagar el fuego vertiendo combustible.
Billete resellado durante la década de los 80. // Foto: Tomada de internet.
El promedio de inflación anual entre 1985 y 1991 fue insólitamente de 7,415.0%, una situación tan crítica como una persona sobreviviendo 7 años con presión arterial elevadísima y tratamiento no sólo ineficaz sino contraindicado. Los impulsos burocráticos y políticos de cubrir el déficit fiscal (dado el derroche alrededor del gasto público) llevaron a los excesos de imprimir dinero y eso terminó empeorando los desequilibrios monetarios. Las megadevaluaciones desplomaron el valor del córdoba y el tipo de cambio en el mercado negro/libre reflejaba la absoluta desconfianza del nicaragüense en su moneda de curso legal. La dolarización de facto se intensificó al ser el dólar estadounidense una divisa de libre convertibilidad, convencionalmente aceptada y de uso internacional. El 4 de enero de 1988, el tipo de cambio oficial era de C$70xUS$1; el paralelo era de C$20,000xUS$1 y en el mercado negro/libre era de C$45,000xUS$1. Un helado podía costar en esa danza de millones ≈ C$500,000. El poder adquisitivo estaba exponencialmente deteriorado. En esta fase recesiva del ciclo económico el liderazgo y equipo técnico del banco central fracasó rotundamente –lo mismo que el gabinete económico– en su misión institucional de conservar la estabilidad monetaria pues el alza generalizada de todos los precios fue altísima e inestable.
El primer gobierno sandinista anuncia un "córdoba nuevo". // Foto: Nicas en el Exterior News.
Con la ejecución de “Operación Berta” o ley de conversión monetaria aprobada el 14 de febrero de 1988 (un desastre de reforma monetaria en la región), la clase dirigente sandinista planeó dejar sin recursos financieros a la Contrarrevolución, castigar la especulación comercial y estabilizar el sector monetario. Los objetivos de estabilización no se cumplieron y el plan nacional de desmonetización con “Operación Berta” (cambio de moneda de C$1,000 viejos x C$1 nuevo) confiscó masivamente dinero, descapitalizó a las empresas y evaporó los ahorros personales. Los sandinistas que tuvieron acceso a información confidencial sobre la operación antes de su ejecución, se apresuraron a deshacerse del papel moneda para adquirir activos no financieros, reales y tangibles (mercadería, materia prima, terrenos, vehículos, etc.). El ahorrista perdió el dinero de años, el productor perdió capital de trabajo y el comerciante se quedó con sacos de billetes luego de observar ventas extraordinarias en su negocio hasta el 13 de febrero de 1988.
Las ineficiencias de las empresas áreas propiedad del pueblo (APP), el caos jurídico de la reforma agraria y los resultados deficientes de la organización colectivista de la producción campesina, determinaron resultados económicos mediocres. El cooperativismo no tuvo el éxito observado en Costa Rica, cuya clase dirigente luego de su revolución de 1948 abolió el ejército, no se enemistó con EE.UU y su política de garantías sociales tuvo como contrapartida el espíritu de empresa como factor de desarrollo. Con un clima ideológico adverso al libre emprendimiento, la meritocracia y la fijación de precios en una economía de mercado, la inversión privada se desestimuló, la clase media fue estrangulada y el estándar de vida del nicaragüense promedio se vino a pique. Lógicamente, la igualación de condiciones económicas se dio hacia abajo. El comercio ilegal, el contrabando y los buhoneros aparecieron a raíz de la perniciosa interferencia del sector estatal en el intercambio de bienes y servicios de mercado que distorsionó los precios relativos.
La guerra civil fue uno de los shocks de oferta negativo que echó por la borda las posibilidades de crecimiento. Se asumió el costo de oportunidad de comprar armamento en lugar de financiar educación de calidad. Los costos humanos y económicos de la guerra civil tuvieron un impacto intergeneracional y la sociedad tuvo que ir en busca del tiempo perdido. La economía de guerra en un país pequeño, muy dependiente del ahorro externo, lleva invariablemente a la ruina y no es ni por cerca una estrategia de conseguir altos niveles de ocupación y expansión económica a partir de una industria armamentista como ha sucedido en Reino Unido, EE.UU, Alemania, Rusia o Japón. Esto es especialmente cierto cuando se logra una revolución política y militar con reivindicaciones de cambio social, pero sin revolución económica, tecnológica ni científica. En materia de progreso, una revolución con las armas no es equiparable a una revolución del conocimiento. Los estados de exaltación política (apelando a lo populista, romántico y heroico) sin infraestructura económica terminan pagándose muy caro, con el mal suceso que la distribución de los costos colectivos es muy desigual entre quienes toman las decisiones y quienes sufren las decisiones.
Pasados 5 años de haberse promulgado el Estatuto Fundamental (1979), en el que se previó convocar elecciones generales, la primera administración sandinista presidida por Daniel Ortega y Sergio Ramírez (1985-1990), dupla rojinegra de las 2 juntas de gobierno (1979-1985), empobreció aceleradamente el país en los siguientes 6 años. Altos funcionarios como Henry Ruiz (ministerio de planificación), Dionisio Marenco (ministerio de comercio interior, ministerio de planificación) y Joaquín Cuadra Chamorro (banco central), sin ser economistas ni tener conocimientos competentes en la Ciencia Económica, fueron algunos de los tomadores de decisión que destruyeron las finanzas de miles de unidades familiares y de negocios nicaragüenses. En otro país con madurez democrática e institucional, una gestión económica desastrosa hubiera acabado con la carrera de un servidor público; en el partido sandinista esto no era relevante, ya que la lealtad partidaria era premiada con más cargos y con renovados planes de acceder al poder. Como suele decirse, el éxito tiene madres y padres, el fracaso desdichadamente es huérfano. La vida sigue igual.
Después de la derrota electoral que sufrió el FSLN en 1990, se terminó de confirmar que los comandantes no eran realmente militantes del desapego material. Estaban lejos de ser Sandinos que no exigiesen ni un palmo de tierra para su sepultura. Bajo el pretexto de asegurar “las bases económicas de la revolución”, antes del traspaso de mando al gobierno electo, el establishment sandinista puso en marcha un desfalco a gran escala en contra de la propiedad pública y privada bautizado por la vox populi como «la piñata», uno de los casos más infames de «búsqueda de rentas o rent-seeking» en la historia económica americana.
Las leyes número 85, 86 y 88 ordenaron que la posesión valía por título como garantía de la reforma agraria y las transformaciones en la tenencia de la tierra, lo que fue conveniente para los mandos medios y altos sandinistas, militares y civiles, que se apoderaron de inmuebles, vehículos, mobiliario, empresas, fincas de arroz, haciendas ganaderas, beneficios de café, entre otros activos, que habían sido confiscados a privados y/o eran bienes del Estado. Las confiscaciones a la familia Somoza y supuestos somocistas no tuvieron una gerencia pública transparente ni estuvieron sujetas a rendición de cuentas por una entidad autónoma: mansiones, menaje, joyas y hasta obras de arte quedaron en manos de cuadros del FSLN.
Investigaciones periodísticas de la época publicaron propiedades y vehículos asignados a funcionarios y servidores públicos del sandinismo con nombre y apellido. Es un secreto a voces que varios traspasos escandalosos se ocultaron con testaferros o prestanombres. Se cuenta que en las instituciones públicas fue objeto de saqueo hasta el equipo de oficina (máquinas de escribir, escritorios, etc.). Posteriormente, el Estado nicaragüense asumió la deuda del desfalco rojinegro mediante bonos de pago por indemnización, presentándose varios casos de corrupción en las reclamaciones, valorización e indemnización de los bienes confiscados. Durante la política de privatizaciones en la primera mitad de los años 90’s, los sindicatos rojinegros exigieron participación del 30% en cada empresa privatizada, con lo cual el sandinismo desde la oposición continuó expoliando la hacienda pública mediante sus agitadores. Un trabajo periodístico en 2018 informó que “la piñata” ascendía a los US$1,300 millones en concepto de deuda pública interna y destinándose anualmente US$72 millones el saldo adeudado se cancelaría hasta 2033. Esto sin dejar de mencionar los negocios muy lucrativos de economía sumergida en las fuerzas armadas durante la transición.
El economista y filósofo Karl Marx planteó en El Capital (1867) su hipótesis controvertida de «acumulación originaria del capital» para explicar que el origen de las fortunas en los albores del modo de producción capitalista en Europa había sido la expropiación, la explotación y la violencia (modos ilegítimos y deshonestos de adquirir la propiedad). La aplicación en esencia de esta formulación hipotética es funcional para describir el origen ilícito del enriquecimiento “mágico” y la formación de capitales a manos de un segmento sandinista que se la había pasado viviendo a expensas del erario de una pequeña economía agraria, sin tener reputación empresarial ni historial laboral relevante en el mercado de trabajo como cualquier ciudadano de bien. Estos individuos se convencieron que el precio de su sufrimiento, de sus ambiciones y de su oficio de revolucionarios tenía que pagarlo la sociedad entera; por tanto, había que permitirles tomarse por la fuerza todo lo que pudiesen porque se habían jugado la vida por su botín, se merecían vivir como señores feudales y nadie debía interponerse en su determinación de gobernar desde abajo hasta su futuro retorno al poder.
Los nueve comandantes de la revolución sandinista. // Foto: La Prensa.
Este es el génesis de un grupo de sandinistas que se enriqueció y capitalizó de un modo que no fue fruto del trabajo asalariado, ni de profesiones liberales ni del talento empresarial en transacciones de mercado con reglas claras y de competencia. Si a los empresarios les gustó el concepto del valor, a los dirigentes sandinistas les gustó la ganancia; sólo que en lugar de fajarse arduamente como obreros y campesinos, optaron por exprimir la ubre de las vacas de los demás, apropiarse ilegítimamente de las vacas, o bien, confiscar a los dueños de la finca. Quizás la interpenetración política entre el sandinismo y el conservadurismo (del patriciado criollo granadino inclusive) en su oposición al somocismo terminó despertando las apetencias materiales y los gustos finos de alta sociedad en varios comandantes de la Dirección Nacional y de las 3 tendencias. Después de todo, si hay algo más concreto que la lucha de clases es la lucha entre astutos y tontos. La tragicomedia en las palabras del general Humberto Ortega al decir que “no saldría en bicicleta del ejército”, fue el augurio egipcio de una futura casta privilegiada o súper clase que concentraría poder económico, político y estatal.
Desde una visión dialéctica de la realidad, es humanamente falso que el sandinismo haya tomado el cielo por asalto, pero es económicamente verdadero que tomaron el bienestar de todos por asalto …, hasta el sol de hoy.
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¡Excelente artículo!